Destrucción de instituciones

Sobre la destrucción de instituciones

La última: la aprobación para que el dinero de 109 fideicomisos pase a manos del uso arbitrario y discrecional del presidente. ¿Es justo? No. ¿Es legal? Ya lo es.

¿Pero adónde vamos con todo esto?

No voy a venir a decir aquí que lo que vivimos en México antes de 2018 era perfecto, armonioso y funcional. Nada de eso.

Lo que nuestro país vivió desde mediados de los 90 fue un proceso democrático en el que pasó del gobierno de un sólo partido, que duró 70 años, a la alternancia en el poder presidencial y la época de los contrapesos.

Esta alternancia permitió que  se desconcentrara el poder y se dispersara en instituciones especializadas, que pretendían ser fuertes en su materia: transparencia, rendición de cuentas, elecciones, y un gran etcétera.

En paralelo, aquella promesa de que la democracia haría justicia a todos simplemente no ocurrió, y ahí se fundó el movimiento que después, en 2018, ganaría la Presidencia.

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En el camino, la corrupción de muchos saqueó las instituciones y saboteó el modelo de país en el que el poder se repartía entre las distintas fuerzas políticas.

La mala economía y la inseguridad nunca encontraron soluciones reales de una élite política ensimismada.

Y llegó López Obrador a hacer todo lo opuesto, pero a hacer lo mismo. Concentró todo el poder en sus manos, con el contubernio temeroso del Congreso y los jueces, y terminó con aquellas instituciones que se habían construido durante la alternancia.

Todo ello, con el fin de tener todo el poder político y financiero en sus manos para hacer lo que imagina como la gesta de su vida, supuestamente histórica para el país.

Pero queda una pregunta básica, ingenua tal vez: ¿qué queda sin la protección de las instituciones? Si antes las instituciones pretendían formalmente cuidar el interés público, ¿quién velará por ello si dichas instituciones ya no existen?

Pues sí, bajo esta lógica, quien interpreta el interés público y le da sustancia será el presidente, no las instituciones.

Y lo que viene lo conocemos todos. El presidente -no este presidente, cualquiera- tiene un limitado poder de atención. Las instituciones pretendían dar cobertura a la falta de atención de problemas públicos que provoca un aparato burocrático con capacidad limitada. 

Sin instituciones, ¿quién va a resolver los problemas públicos? La respuesta es obvia: sobre el país se cierne la ingobernabilidad que provoca un gobierno insuficiente; vendrá el desconcierto del ciudadano que no obtiene respuestas de un gobierno que no podrá darle respuestas; ante la ausencia de la ley, de las instituciones, se impondrá la ley del más fuerte.

Por donde se vea, el escenario se vislumbra complejo.

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